Por muy "atado y bien atado" que el Caudillo quiso dejar los cabos del régimen, el país no tenía la fuerza suficiente para ir contracorriente de las potencias europeas por lo que llegó la abertura de las puertas trayendo consigo el sistema capitalista y la economía de mercado.
La apertura facilitó la exportación de población sin recursos ni formación y la importación de diversos accionistas extranjeros, que una vez más en nuestra historia -como sucedió con Isabel II, Primo de Rivera, ...- aprovecharon las deficientes condiciones laborales, los salarios bajos y el riesgo mínimo de huelga para invertir en el país.
Ello trajo consigo el reinicio intelectual de España, nuevas tecnologías -lavadoras, Seats 600, ...- e ideas llegaron, las cuales dieron lugar a una de las mayores etapas de crecimiento del régimen. La Iglesia que creía haber asegurado su papel en la sociedad, tras el regreso de los intelectuales vio como el puritanismo católico se fue diluyendo dando lugar al nacimiento de una nueva sociedad.
Ante todo el Caudillo era monárquico, su problema fue que le tomó gusto al poder y decidió, en su fuero interno, que su amada patria necesitaba un guía hacia el progreso y el futuro, pero su tiempo se agotaba por lo que tras el Contubernio de Munich delegó sus poderes a la espera de su muerte a Don Juan Carlos I -tras el salto sucesorio del infante Don Jaime y de Don Juan-.
Ello se debió a que Don Juan no había sido educado como el primogénito -tampoco Don Jaime, pero éste fue descartado por su salud y no por sus palabras- y este hecho se vislumbró en una serie de errores que propiciarían el cambio en la ley de Sucesión, para nada menos que saltarle a él.
Sin perder la esperanza, Don Juan, solicitó al Caudillo que su hijo, Don Juan Carlos de Borbón cursara sus estudios en España, intentando construir un puente que nunca pudo cruzar. Aunque en un principio Don Juan Carlos tenía la premisa de "jamás aceptaré reinar mientras mi padre viva", cambió de opinión alegando que era por el interés y el acato de las leyes de España.
Como era de esperar cuando Don Juan se enteró por la prensa de la noticia no se lo tomó de humor pero tuvo que desistir; a su hijo aún le quedaba un arduo camino debido a la improvisada candidatura de Alfonso de Borbón y María del Carmen Martinez-Bordiú, nieta del Caudillo.
Las posiciones ante el fin del régimen eran diversas; por un lado se proponía la continuidad de éste; un punto de vista intermedio -y final ganador-, que proponía una reforma del régimen adaptándolo a los tiempos modernos; y por último, la ruptura con todo lo antes conocido.
Todos estos cambios tras la muerte del caudillo el 20 de noviembre de 1975 se traduciría en la sociedad como un periodo de grandes movilizaciones populares que buscaban la alternancia política. Esta oposición estaba formada por diversos grupos sociales que se unieron para tener el poder suficiente para exigir un gobierno provisional que convocara elecciones generales para establecer un nuevo sistema democrático. Otros de los objetivos de estas movilizaciones fue conseguir la libertad democrática y la amnistía a todos los encarcelados por causas franquistas.
Ante este contexto social observaremos una clase política franquista polarizada; por un lado veremos a los inmovilistas, liderados por Arias Navarro -Presidente del gobierno y encargado de darle continuidad al régimen-, éste, pretendía continuar con la represión como mecanismo de control, ideario que se puede relacionar -aparte de con Emilio Castelar, quien quiso sostener los últimos resquicios de la república en 1884- a los sucesos acontecidos en Montejurra en 1976, donde se enfrentaban los dos descendientes carlistas, Sixto y Javier, quienes representaban las dos facciones -conservadora y democrática- de este linaje que sigue sin conseguir su objetivo y era un fiel reflejo de la sociedad.
Mientras que por el otro lado nos toparemos a los reformistas, con la ayuda del monarca in crescendo, optaban por una evolución del régimen y un desarrollo de sus normas e instituciones. Se tiende a considerar el 30 de junio de 1976 como el primer paso reformista en el sistema político, ya que el monarca retira su mano a Arias Navarro, quien por otra parte sólo era el sustituto natural del general Carrero Blanco, asesinado por un explosivo etarra que propulsó a su coche a cuatro pisos de altura.
Juan Carlos I tomó investidura el 22 de noviembre del '75, dos días después de la muerte del caudillo, aceptando con ello un puesto principal en los sucesos que acontecerían en la Transición. Asimismo lideraría un puesto para lo que su dinastía y familia ya había sido invalidada, desde el 26 de noviembre de 1931 España había echado al último Borbón, como dijo Valle-Inclán "Los españoles han echado al último de los Borbones, no por rey sino por ladrón", pero no es lo mismo ser readmitido que ser elegido por un caudillo tras cuarenta años de un régimen dictatorial.-Para más información sobre la monarquía ilegal-
El 1 de julio de 1976, tras una conversación privada entre en monarca y Arias Navarro, el primero dimite, siendo sustituido en sus labores de gobierno por Adolfo Suárez, quien fue elegido en una decisión conjunta de Torcuato Fernández Miranda -Presidente de las Cortes franquistas- y Juan Carlos I.
Entre 1976 y 1978 consiguió instaurar un sistema democrático convirtiéndose en el primer presidente de la democracia española tras la dictadura franquista, asentando las bases del Sistema Democrático más longevo de nuestra Historia; ello cambió las bases del Estado español, siendo creada además la ley de Reforma Política y la Constitución de 1978, que consta de siete padres. Ellos eran los líderes del momento, incluso de los extremos más radicales de entonces, comunistas y falangistas entre otros, pero su pasado sería una de las referencias por lo que más sería acusado, ya que fue un trasfuga de sus ideales de la juventud, fue Secretario General del Movimiento Nacional, conjunto que esperaba consolidar "el espíritu de la nación", pero sólo la vencedora de la contienda.
Suárez estaba claramente posicionado con los reformistas, como lo demuestra que tuviera diversos contactos democráticos -Felipe González o Santiago Carrillo-, incluso antes del fin del régimen, lo que en el futuro conllevo una serie de problemas.
Su propuesta ante la reformación política fue una sorpresa incluso para sus mayores seguidores, ya que no sólo incluía la amnistía a la gran mayoría de los presos políticos, sino que además añadió un marco de derechos fundamentales del individuo, un sistema electoral de corte claramente democrático y un poder que emanaba directamente del ciudadano. Reformas que eran tan necesarias como las que en su día Azaña llevó a cabo. Éstas leyes fueron aprobadas por las cortes franquistas gracias a las tres promesas que realizó -y no el gobierno-; la primera sería garantizar la permanencia del estatus social y económico, así como garantizar ningún enjuiciamiento en razón de cualquier responsabilidad política, sobre los diputados de las Cortes, ello conllevaba la no actuación ante los actos acontecidos durante el régimen -hecho que permaneció hasta el 2007, con le ley de Memoria Histórica que contó con el apoyo del antiguo Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, con el objetivo de la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura, aunque en la actualidad éste proyecto haya sido hábilmente apartado-; y la permanencia en la ilegalidad del Partido Comunista, hecho que sólo se mantuvo durante ocho meses, aunque el partido que se legalizó no tendría las mismas bases ni objetivos que había mantenido en la clandestinidad.
La ley de Reforma Política fue aprobada por referéndum, celebrado el 15 de diciembre del 1976, con un resultado de un 81% a favor de una reforma política. Sin embargo un 30% de la población se abstuvo debido a que veía las reformas insuficientes.
La ley de Reforma dio lugar a unas elecciones generales que se pudieron realizar gracias a la libertad sindical, a la amnistía política y a la legalización de todos los partidos, ésto se debió y ha de entenderse tras el suceso ocurrido el 24 de enero de 1978, cuando un brazo armado fascista asesinó a unos abogados de Comisiones Obreras en plena campaña, la reacción pacífica que originó ante tal imagen de crueldad fue la lleve de la legalización.
Esto condujo a la primera crisis del gobierno, por la cual Suárez consiguió garantizar unas completas elecciones democráticas, que se caracterizaron por ser multitudinarias.
Con un total de 350 escaños, el resultado de las elecciones fueron 166 escaños para Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, 118 para el Partido Socialista Obrero español de Felipe Gonzalez, 13 escaños para PCE de Santiago Carrillo y 7 para Alianza Popular de Manuel Fraga. Aún con gran número de escaños UCD no pudo gobernar en una mayoría absoluta debido a la ley D'Hondt por la cual se rige el sistema electoral español. Por ella el partido político que se presenta en una parte del territorio tiene un mayor índice de participación a nivel estatal.
Gracias a las bases que se establecieron, la nación requeriría el consenso general para su correcto funcionamiento, de esta necesidad surgen los Pactos de la Moncloa, que supusieron una salida a la situación española en 1977. La economía evidenciaba que necesitaba una reforma para reducir la inflacción; así como en el ámbito jurídico que se organizó según los principios democráticos recién adquiridos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, además de la completa separación del Código Penal y el Código Militar.
El nuevo sistema tributario resultado de estas reformas buscaba repartir la crisis entre la sociedad con la creación del IRPF, propio de países desarrollados que aseguraba la proximidad al Estado de Bienestar.
La nueva reforma de la Seguridad Social, creada durante el régimen, aseguró la extensión de las prestaciones de desempleo, así como un crecimiento en las jubilaciones.
Llegados a este punto, las Cortes fueron convocadas para la elaboración de la Constitución del '77. En ella se quiso garantizar la representación de todas las formaciones políticas, ya que eran representantes de distintos sectores de la sociedad, lo cual explica la razón de los siete padres. Sólo un partido se negó a participar -nacionalismo vasco- mientras los integrantes pertenecerían a UCD, PSOE, AP, PCE y CiU. El referéndum del 6 de diciembre del '78 legitimó el texto legal vigente aún en la actualidad, éste consta de una ambigüedad legislativa intencionada para que pudiese ir desarrollándose en el futuro.
La constitución se caracteriza por seis rasgos principales, el primero sería el establecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho, por el cual quedaba negada la pena de muerte y el carácter no confesional de la Nación -que éste no quita que haya preferidos-. Lo segundo, sería una monarquía parlamentaria, con funciones representativas, así como un ejército sometido al poder civil. Del mismo modo se desarrolla una Declaración de los Derechos Fundamentales del Ciudadano, así como unas libertades antes negadas, como el derecho a huelga; se establece la doble administración de las autonomías, hecho muy discutido en la actualidad y por último, se establece como mayor instancia judicial al Tribunal Constitucional, encargado de elaborar la jurisprudencia y el ejecutor de la hipotética reforma de la Carta Magna.
No obstante este nuevo proyecto político que buscaba hacer las cosas bien no estaba exento de enemigos, como el involucionismo o la amenaza constante de golpe de estado, pero entre éstos destacaría una nuevo fenómeno que se hacía más sólido al mismo ritmo que se consolidaba la democracia, el terrorismo. ETA se consolidaría durante la década de los '80 atacando objetivos militares y fuerzas del orden público.
Por parte de la extrema derecha destacan las sucesivas manifestaciones y grupos violentos como la Operación Galaxia, que representa un intento fallido de golpe de estado en el '78, antecedente del acontecido en el '81; Ynestrillas, Tejero y un tercer personaje no identificado, planearon tomar el Palacio de la Moncloa y establecer un nuevo régimen militar.
Por parte de la extrema izquierda sus actuaciones se centraban en actos contra los contrarios, con métodos de secuestro o el asesinato, destacando el Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre o el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.
Sin perder la esperanza, Don Juan, solicitó al Caudillo que su hijo, Don Juan Carlos de Borbón cursara sus estudios en España, intentando construir un puente que nunca pudo cruzar. Aunque en un principio Don Juan Carlos tenía la premisa de "jamás aceptaré reinar mientras mi padre viva", cambió de opinión alegando que era por el interés y el acato de las leyes de España.
Como era de esperar cuando Don Juan se enteró por la prensa de la noticia no se lo tomó de humor pero tuvo que desistir; a su hijo aún le quedaba un arduo camino debido a la improvisada candidatura de Alfonso de Borbón y María del Carmen Martinez-Bordiú, nieta del Caudillo.
Las posiciones ante el fin del régimen eran diversas; por un lado se proponía la continuidad de éste; un punto de vista intermedio -y final ganador-, que proponía una reforma del régimen adaptándolo a los tiempos modernos; y por último, la ruptura con todo lo antes conocido.
Todos estos cambios tras la muerte del caudillo el 20 de noviembre de 1975 se traduciría en la sociedad como un periodo de grandes movilizaciones populares que buscaban la alternancia política. Esta oposición estaba formada por diversos grupos sociales que se unieron para tener el poder suficiente para exigir un gobierno provisional que convocara elecciones generales para establecer un nuevo sistema democrático. Otros de los objetivos de estas movilizaciones fue conseguir la libertad democrática y la amnistía a todos los encarcelados por causas franquistas.
Ante este contexto social observaremos una clase política franquista polarizada; por un lado veremos a los inmovilistas, liderados por Arias Navarro -Presidente del gobierno y encargado de darle continuidad al régimen-, éste, pretendía continuar con la represión como mecanismo de control, ideario que se puede relacionar -aparte de con Emilio Castelar, quien quiso sostener los últimos resquicios de la república en 1884- a los sucesos acontecidos en Montejurra en 1976, donde se enfrentaban los dos descendientes carlistas, Sixto y Javier, quienes representaban las dos facciones -conservadora y democrática- de este linaje que sigue sin conseguir su objetivo y era un fiel reflejo de la sociedad.
Mientras que por el otro lado nos toparemos a los reformistas, con la ayuda del monarca in crescendo, optaban por una evolución del régimen y un desarrollo de sus normas e instituciones. Se tiende a considerar el 30 de junio de 1976 como el primer paso reformista en el sistema político, ya que el monarca retira su mano a Arias Navarro, quien por otra parte sólo era el sustituto natural del general Carrero Blanco, asesinado por un explosivo etarra que propulsó a su coche a cuatro pisos de altura.
Juan Carlos I tomó investidura el 22 de noviembre del '75, dos días después de la muerte del caudillo, aceptando con ello un puesto principal en los sucesos que acontecerían en la Transición. Asimismo lideraría un puesto para lo que su dinastía y familia ya había sido invalidada, desde el 26 de noviembre de 1931 España había echado al último Borbón, como dijo Valle-Inclán "Los españoles han echado al último de los Borbones, no por rey sino por ladrón", pero no es lo mismo ser readmitido que ser elegido por un caudillo tras cuarenta años de un régimen dictatorial.-Para más información sobre la monarquía ilegal-
El 1 de julio de 1976, tras una conversación privada entre en monarca y Arias Navarro, el primero dimite, siendo sustituido en sus labores de gobierno por Adolfo Suárez, quien fue elegido en una decisión conjunta de Torcuato Fernández Miranda -Presidente de las Cortes franquistas- y Juan Carlos I.
Entre 1976 y 1978 consiguió instaurar un sistema democrático convirtiéndose en el primer presidente de la democracia española tras la dictadura franquista, asentando las bases del Sistema Democrático más longevo de nuestra Historia; ello cambió las bases del Estado español, siendo creada además la ley de Reforma Política y la Constitución de 1978, que consta de siete padres. Ellos eran los líderes del momento, incluso de los extremos más radicales de entonces, comunistas y falangistas entre otros, pero su pasado sería una de las referencias por lo que más sería acusado, ya que fue un trasfuga de sus ideales de la juventud, fue Secretario General del Movimiento Nacional, conjunto que esperaba consolidar "el espíritu de la nación", pero sólo la vencedora de la contienda.
Suárez estaba claramente posicionado con los reformistas, como lo demuestra que tuviera diversos contactos democráticos -Felipe González o Santiago Carrillo-, incluso antes del fin del régimen, lo que en el futuro conllevo una serie de problemas.
Su propuesta ante la reformación política fue una sorpresa incluso para sus mayores seguidores, ya que no sólo incluía la amnistía a la gran mayoría de los presos políticos, sino que además añadió un marco de derechos fundamentales del individuo, un sistema electoral de corte claramente democrático y un poder que emanaba directamente del ciudadano. Reformas que eran tan necesarias como las que en su día Azaña llevó a cabo. Éstas leyes fueron aprobadas por las cortes franquistas gracias a las tres promesas que realizó -y no el gobierno-; la primera sería garantizar la permanencia del estatus social y económico, así como garantizar ningún enjuiciamiento en razón de cualquier responsabilidad política, sobre los diputados de las Cortes, ello conllevaba la no actuación ante los actos acontecidos durante el régimen -hecho que permaneció hasta el 2007, con le ley de Memoria Histórica que contó con el apoyo del antiguo Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, con el objetivo de la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura, aunque en la actualidad éste proyecto haya sido hábilmente apartado-; y la permanencia en la ilegalidad del Partido Comunista, hecho que sólo se mantuvo durante ocho meses, aunque el partido que se legalizó no tendría las mismas bases ni objetivos que había mantenido en la clandestinidad.
La ley de Reforma Política fue aprobada por referéndum, celebrado el 15 de diciembre del 1976, con un resultado de un 81% a favor de una reforma política. Sin embargo un 30% de la población se abstuvo debido a que veía las reformas insuficientes.
La ley de Reforma dio lugar a unas elecciones generales que se pudieron realizar gracias a la libertad sindical, a la amnistía política y a la legalización de todos los partidos, ésto se debió y ha de entenderse tras el suceso ocurrido el 24 de enero de 1978, cuando un brazo armado fascista asesinó a unos abogados de Comisiones Obreras en plena campaña, la reacción pacífica que originó ante tal imagen de crueldad fue la lleve de la legalización.
Esto condujo a la primera crisis del gobierno, por la cual Suárez consiguió garantizar unas completas elecciones democráticas, que se caracterizaron por ser multitudinarias.
Con un total de 350 escaños, el resultado de las elecciones fueron 166 escaños para Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, 118 para el Partido Socialista Obrero español de Felipe Gonzalez, 13 escaños para PCE de Santiago Carrillo y 7 para Alianza Popular de Manuel Fraga. Aún con gran número de escaños UCD no pudo gobernar en una mayoría absoluta debido a la ley D'Hondt por la cual se rige el sistema electoral español. Por ella el partido político que se presenta en una parte del territorio tiene un mayor índice de participación a nivel estatal.
Gracias a las bases que se establecieron, la nación requeriría el consenso general para su correcto funcionamiento, de esta necesidad surgen los Pactos de la Moncloa, que supusieron una salida a la situación española en 1977. La economía evidenciaba que necesitaba una reforma para reducir la inflacción; así como en el ámbito jurídico que se organizó según los principios democráticos recién adquiridos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, además de la completa separación del Código Penal y el Código Militar.
El nuevo sistema tributario resultado de estas reformas buscaba repartir la crisis entre la sociedad con la creación del IRPF, propio de países desarrollados que aseguraba la proximidad al Estado de Bienestar.
La nueva reforma de la Seguridad Social, creada durante el régimen, aseguró la extensión de las prestaciones de desempleo, así como un crecimiento en las jubilaciones.
Llegados a este punto, las Cortes fueron convocadas para la elaboración de la Constitución del '77. En ella se quiso garantizar la representación de todas las formaciones políticas, ya que eran representantes de distintos sectores de la sociedad, lo cual explica la razón de los siete padres. Sólo un partido se negó a participar -nacionalismo vasco- mientras los integrantes pertenecerían a UCD, PSOE, AP, PCE y CiU. El referéndum del 6 de diciembre del '78 legitimó el texto legal vigente aún en la actualidad, éste consta de una ambigüedad legislativa intencionada para que pudiese ir desarrollándose en el futuro.
La constitución se caracteriza por seis rasgos principales, el primero sería el establecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho, por el cual quedaba negada la pena de muerte y el carácter no confesional de la Nación -que éste no quita que haya preferidos-. Lo segundo, sería una monarquía parlamentaria, con funciones representativas, así como un ejército sometido al poder civil. Del mismo modo se desarrolla una Declaración de los Derechos Fundamentales del Ciudadano, así como unas libertades antes negadas, como el derecho a huelga; se establece la doble administración de las autonomías, hecho muy discutido en la actualidad y por último, se establece como mayor instancia judicial al Tribunal Constitucional, encargado de elaborar la jurisprudencia y el ejecutor de la hipotética reforma de la Carta Magna.
No obstante este nuevo proyecto político que buscaba hacer las cosas bien no estaba exento de enemigos, como el involucionismo o la amenaza constante de golpe de estado, pero entre éstos destacaría una nuevo fenómeno que se hacía más sólido al mismo ritmo que se consolidaba la democracia, el terrorismo. ETA se consolidaría durante la década de los '80 atacando objetivos militares y fuerzas del orden público.
Por parte de la extrema derecha destacan las sucesivas manifestaciones y grupos violentos como la Operación Galaxia, que representa un intento fallido de golpe de estado en el '78, antecedente del acontecido en el '81; Ynestrillas, Tejero y un tercer personaje no identificado, planearon tomar el Palacio de la Moncloa y establecer un nuevo régimen militar.
Por parte de la extrema izquierda sus actuaciones se centraban en actos contra los contrarios, con métodos de secuestro o el asesinato, destacando el Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre o el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.
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